Principios básicos

Principios básicos para la contratación pública

  • Principio de publicidad y transparencia. Todos los licitadores deben ser informados de la misma forma y a la vez, y los requerimientos deben ser especificados claramente para poder comparar objetivamente las ofertas.
  • No discriminación. Los criterios sociales, éticos y ambientales no pueden ser introducidos de modo que se favorezca a los proveedores locales o nacionales.
  • Relación con el objeto de contrato. Todos los requerimientos sociales, éticos y ambientales deben estar relacionados con el objeto de contrato.
  • Criterios Objetivos. La adjudicación del contrato debe estar basado en criterios objetivos para asegurar el cumplimiento de los principios comunitarios. El criterio de adjudicación puede ser “el precio más bajo” o “la oferta más ventajosa”. En el caso de que se opte por “la oferta más ventajosa”, las autoridades contratantes deben evaluarlas en base a criterios objetivos que permitan determinar la calidad y eficiencia económica de la oferta en relación con el objeto del contrato. Por ello, es importante que las especificaciones técnicas establezcan parámetros medibles que puedan ser tomados como referencia para evaluar las ofertas (art. 46 de la Directiva).
  • Mutuo reconocimiento. Las entidades contratantes deben reconocer explícitamente y aceptar productos que cumplan las especificaciones sociales, éticas y ambientales mostrando certificaciones equivalentes. Si en la descripción de las especificaciones técnicas, la autoridad contratante hace referencia a estándares predefinidos, deben admitirse también ofertas que no se hayan sometido al estándar pero que demuestren, por cualquier medio de prueba, que su oferta es “equivalente” a las ofertas cubiertas por el estándar (art. 29 de la Directiva).

El periodo de transposición de dichas directivas a los Estados miembros finalizó el pasado 31 de enero de 2006. El Estado Español ha completado el proceso de transposición con la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007).

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